El ex vicedircom de Sánchez dice que dio la tarjeta de Dina a Villarejo porque era un policía muy «prestigioso»

El ex número 2 de la Oficina de Comunicación de La Moncloa con Pedro Sánchez, Alberto Pozas, ha dirigido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en el que pide que levante su imputación en el llamado ‘caso Dina’.

En este escrito presentado por sus abogados, Pozas se deshace en elogios hacia el comisario José Villarejo –que se encuentra en prisión desde noviembre de 2017–, al que califica como un policía «prestigioso y condecorado» que mantenía estrechas «relaciones de confianza con jueces, fiscales, policías, guardias civiles, políticos y relevantes empresarios».

Alberto Pozas era director de Interviú cuando llegó a la redacción de la revista, en enero de 2016, la tarjeta de memoria del teléfono móvil que había sido supuestamente sustraído dos meses antes, el 1 de noviembre de 2015, a la ex asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham.

Tras descartar la publicación del contenido de la tarjeta en Interviú, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio citó a Pablo Iglesias para entregarle el dispositivo electrónico. Pese a comprobar que la tarjeta contenía «fotos íntimas» de su asesora, Iglesias la conservó en su poder durante al menos seis meses y cuando finalmente la devolvió a su legítima propietaria, estaba «destrozada» y parcialmente «quemada».

Cita todas las medallas de Villarejo

Pero Alberto Pozas se guardó una copia de la tarjeta y pocos días después se la entregó al comisario Villarejo, en una reunión celebrada en un restaurante de Madrid a la que también asistió el entonces subdirector de Interviú, Luis Rendueles. Por este motivo, tanto Pozas como Rendueles están imputados en el caso Dina. Algo que provocó la fulminante dimisión de Alberto Pozas como Director General de Información Nacional de Presidencia del Gobierno, cargo para el que había sido designado por Pedro Sánchez.

Para justificar que entregaran a Villarejo una copia de la tarjeta de Dina, Pozas y Rendueles explican en su escrito dirigido al juez que el policía era en aquel momento «un comisario prestigioso y reiteradamente condecorado», que había hecho posibles «diversas operaciones policiales de gran relevancia como la operación Gürtel o la de la familia Pujol».

Y recuerdan que Villarejo había recibido «la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco en 1975 por su ‘un alto sentido del patriotismo o de la lealtad’; en 2009 la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que se concede a quien ha sido herido en acto de servicio o haya realizado en circunstancias de peligro para su persona ‘un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor’; en 2012 la Medalla a la dedicación al Servicio Policial, la Cruz a la dedicación al Servicio Policial y la Encomienda a la dedicación al Servicio Policial, que vienen a reconocer la ‘dedicación, lealtad e integridad’ de los agentes; y en 2014 una nueva Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo por su ‘meritoria trayectoria profesional’».

Con estas palabras, una persona tan próxima al presidente Pedro Sánchez como Alberto Pozas, que ha sido el número 2 de su Oficina de Comunicación de La Moncloa, se deshace en elogios hacia el comisario José Villarejo, al que Pablo Iglesias presenta como el máximo exponente de las «cloaca del Estado».

La «información vaginal»

En su escrito dirigido al juez, Pozas recuerda que el comisario Villarejo mantenía en aquellos momentos «relaciones fluidas y de confianza con jueces, fiscales, policías, guardias civiles, políticos y relevantes empresarios». Como demuestran los audios de la comida que Villarejo compartió con la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y con el ex juez inhabilitado por prevaricar Baltasar Garzón. En aquella reunión, la ex ministra socialista Dolores Delgado aplaudió la idea de Villarejo de montar un prostíbulo para obtener «información vaginal» con la que chantajear a políticos y empresarios.

En su escrito dirigido al magistrado Manuel García-Castellón, Alberto Pozas y Luis Rendueles argumentan que no han cometido el delito de revelación de secretos que les imputa el instructor, porque no llegaron a publicar en Interviú las fotos íntimas que había en la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham. Pero no aclaran por qué se guardaron una copia del dispositivo que el presidente del Grupo Zeta entregó a Pablo Iglesias. Según explican, era habitual que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieran «requerimientos verbales» de información a la redacción de Interviú.

Al respecto, citan varios precedentes, como «el caso de un pederasta fugado de España que, gracias a la información facilitada por la revista a la Policía, fue detenido en Guatemala; las imágenes y pruebas de la casa en la República Dominicana que se había comprado una alcaldesa acusada de corrupción en España; los mensajes de la supuesta víctima de una violación por parte de un personaje público que demostraban que el sexo había sido consentido y que había querido vender esa historia antes; o el vídeo de la víctima de La Manada de Pamplona que la policía supo que estaba en poder de la revista y que fue igualmente requerido y entregado».

«Recibir en una revista de periodismo de investigación requerimientos verbales de entrega de información por parte de la Policía», añaden en su escrito dirigido al juez instructor del caso Dina, «es algo habitual que había sucedido en reiteradas ocasiones y que, por tanto, en ningún momento hizo sospechar de nada ilícito o irregular».